al establecimiento político (García, 2020) y se preocuparon más por las violencias en los
territorios, tales como masacres y desplazamientos forzados (Giordano, 2022).
Entre 2020 y 2021, cuarto y quinto año de implementación respectivamente, se
registraron 187 masacres con un saldo de 719 víctimas (Giordano, 2022; Indepaz,
2021a, 2021b). Este panorama complejo se da en un contexto en el que múltiples actores
armados están contribuyendo a la fragmentación social y violenta, y producen crisis
humanitarias que erosionan la legitimidad en los territorios. La "pecautización" se
convierte así en el centro de gravedad dentro del marco de la violencia contemporánea
en Colombia. De hecho, el Acuerdo de Paz ha generado nuevas fragmentaciones (Pécaut,
2021) y ha dejado al descubierto nuevas lógicas ciudadanas que, según Pécaut, deben
ser comprendidas estructuralmente.
En el quinto año de la implementación del Acuerdo de Paz, y en medio de la pandemia
de COVID-19, Colombia experimentó un estallido social sin precedentes el 28 de abril de
2021. Según Pécaut (2021), se trató de un país paralizado en todas sus dimensiones
donde las demandas ciudadanas legítimas superaron la capacidad de las instituciones
para satisfacerlas. Además, durante este tiempo, el Estado perpetró actos criminales y
violaciones de derechos humanos a través del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y
la Policía Nacional (CIDH, 2021b). El Ejército Nacional también intervino en la seguridad
ciudadana en centros urbanos como Cali, Bogotá y Medellín, lo que sorprendió a la
población y generó mayor descontento (Uprimny, 2021).
El temprano 2021 fue testigo de una colisión de violencias, de legitimidades encontradas,
de actores ciudadanos y armados, de reclamos y represiones, así como de justificaciones
para hacer la violencia y un gobierno que no reconoce el problema (Tamayo, 2021). Sin
embargo, este tipo de movilizaciones no fueron completamente inesperadas, ya que
desde finales de 2019 se había iniciado un proceso de movilización y protesta social
significativo por reclamaciones económicas, tributarias, de educación y de violencia
contra excombatientes y líderes sociales (Pécaut, 2021: 177).
Según Pécaut (2021), estos acontecimientos lograron sacar a la luz los rasgos que
caracterizan a Colombia desde siempre: la carencia de una simbología nacional y una
sociedad dividida y fragmentada. La situación actual de Colombia se puede entender
como un país pecautizado, en el que la violencia contemporánea y la fragmentación social
y política son el centro de gravedad.
En 1991, Daniel Pécaut señaló que la violencia en Colombia no estaba polarizando a la
sociedad civil, sino que la dejaba como espectadora desbordada por la violencia entre las
fuerzas del gobierno y las guerrillas (Pécaut & Restrepo, 1991: 35). Sin embargo, en
2001, Pécaut reconoció que la violencia y el narcotráfico en Colombia eran alimentados
por la presencia de estructuras armadas y la relación con grupos guerrilleros que
permitieron el fortalecimiento de la economía del narcotráfico, a pesar de las operaciones
militares del gobierno (2001: 117).
En la segunda y tercera década del siglo XXI, el contexto de violencia en Colombia parece
haber cambiado su influencia sobre la ciudadanía. Antes del Acuerdo de Paz de 2016, las
élites políticas y criminales habían logrado configurar órdenes en los territorios, sin
modificar las estructuras sociales y territoriales (Schultze-Kraft, 2016; Pécaut, 2021:
182). Sin embargo, tras el proceso de paz, los actores sociales tradicionales entraron en